
Boletín AEMO
Oportuna campaña de inspección de aceite de oliva en los lineales andaluces
Aunque siempre suponiendo la presunción de inocencia, y esperando que así sea, en los últimos tiempos se están generando unos precios de venta al público que hacen difícil entender los márgenes de los distintos actores del mercado.
Vírgenes extras envasados, distribuidos y puestos a disposición del público en pulcros envases a precios inferiores que el propio granel hacen sospechar al sector productor que algo no encaja.
Cierto es que existen razones ajenas al puro mercado que pueden explicar, que no justificar, estas ventas a pérdidas como es la utilización del aceite de oliva como producto gancho, pero también es cierto que nunca está de más comprobar que cada gota de zumo de aceituna que se ofrece al consumidor cumple rigurosamente con lo indicado en su etiqueta. Y en este sentido tenemos que aplaudir que la administración autonómica haya comenzado una campaña de inspección que comenzará en Córdoba y Jaén pero que esperemos que se generalice y que aumente su frecuencia.
Según informó
En el laboratorio de
Esta campaña incluye 25 inspecciones en la provincia de Jaén para controlar el etiquetado de envases de distintas capacidades y tomar muestras del producto que contienen. El 90 por ciento de estas actuaciones se harán con aceites de oliva 'virgen extra' o 'virgen'.
Los inspectores de Consumo harán controles en comercios detallistas de alimentación, en medianas y grandes superficies y en tiendas especializadas en la venta de aceites. Harán especial hincapié en marcas en las que se haya confirmado adulteración del producto en campañas de inspección anteriores. Prestarán también especial atención a marcas con poca implantación en el mercado y que se vendan a un bajo precio.
Los incumplimientos de la normativa referidos a irregularidades de etiquetado pueden castigarse con multas de entre 200 y 5.000 euros por ser constitutivos de infracciones leves. En caso de que se detecte que la categoría del aceite no coincide con la publicitada, la sanción podría oscilar entre los 5.001 y 30.000 euros por tratarse de una actuación fraudulenta considerada como grave.
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